Un año después, ley 14.897 no se cumple

Cámaras en los colectivos

Cámaras en colectivos. Un año después, la ley 14.897 no se cumple En febrero de 2017 María Eugenia Vidal reglamentó la ley 14.897 -aprobada en 2016 por el Senado bonaerense- que establecía que en 180 días las líneas de colectivos debían instalar cámaras de seguridad en sus unidades. Más de un año después, la norma no se cumple ya que los empresarios alegan que tiene un alto costo de equipamiento. Ahora, y tras el crimen del chofer Leandro Alcaraz, el gobierno bonaerense anunció que dará créditos blandos a las empresas para que las coloquen. "El Gobierno reacciona siempre tarde, cuestionaron desde el Frente Renovador. El crimen de Leandro Miguel Alcaraz, dejó en evidencia que la ley no se cumple y ahora Vidal toma cartas en el asunto para que se cumpla la Ley. Ahora y tarde, el gobierno bonaerense anunció créditos blandos para instalar cámaras de seguridad en los colectivos, ya que según la ley, éstas deben ser incorporadas por las empresas concesionarias “bajo su exclusivo cargo y responsabilidad”. Luego de la reunión que mantuvieron la gobernadora María Eugenia Vidal y el titular de la UTA, Roberto Fernández, el ministro de Seguridad bonaerense,Cristian Ritondo, dijo que en un plazo de 3 meses los colectivos que realizan recorridos nocturnos en el GBA deberán tener cámaras de seguridad. Y todas las unidades tendrán que colocar esos dispositivos en un plazo máximo de seis meses. Cabe destacar que el Senado bonaerense aprobó a finales de diciembre de 2016 la Ley 14897, que estableció que las líneas provinciales y comunales “deben contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes durante un período cierto”. La misma indicaba que una vez reglamentada, las empresas tenían 180 días para acondicionar las unidades. Lo más problemático de la ley es que sostiene que las cámaras deben ser incorporadas por las empresas concesionarias “bajo su exclusivo cargo y responsabilidad”. Y, como era de esperar, los empresarios se resistían alegando que la medida tiene un alto costo de equipamiento. Las cámaras permitirían dotar a la Justicia de un elemento probatorio valioso para condenar a los autores de delitos cometidos en el transporte Público de Pasajeros".
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