Passaglia más complicado: embargaron sus bienes en la causa por corrupción

Lo dispuso la Cámara Federal de Rosario, de acuerdo a lo solicitado por el fiscal Matías Di Lello. También se solicitó un registro de las llamadas realizadas por los imputados.

La Sala A de la Cámara Federal de Rosario hizo lugar parcialmente a un recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y [b]dispuso el embargo preventivo de bienes y el congelamiento de productos bancarios del ex intendente Ismael Passaglia, sus hijos Manuel y Santiago, sus dos hijas y esposa[/b], en el marco de la causa que investiga la presunta comisión de los delitos de [b]enriquecimiento ilícito y lavado de activos[/b]. También ordenó la [b]remisión del registro de llamadas entrantes y salientes cursadas durante los últimos ocho meses[/b]. Las medidas cautelares de carácter patrimonial habían sido solicitadas en diciembre pasado por la Fiscalía Federal de nuestra ciudad que encabeza [b]Matías Di Lello[/b], en un dictamen elaborado junto a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, cuya titular es María del Carmen Chena. El Ministerio Público Fiscal había explicado en esa ocasión que [b]su fin es asegurar[/b] “[i]las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de las maniobras delictivas investigadas en autos y de aquellas que han servido para cometer el hecho, así como la pena pecuniaria y las costas que se pudieran imponer en caso de recaer sentencia condenatoria[/i]”. Di Lello y Chena detallaron los bienes y pidieron que sean protegidos a través del [b]embargo preventivo[/b] “[i]con fines de asegurar su decomiso[/i]”. Los bienes que el fiscal identificó como producto del lavado de activos son [b]parcelas ubicadas en los partidos de San Pedro y Ramallo, un inmueble en Uruguay, Gualeguay y autos de alta gama, casi una treintena de terrenos, además de productos bancarios.[/b] Por otra parte, [b]el registro de llamadas[/b] requerido por el fiscal versaba sobre comunicaciones para determinar si los imputados “[i]realizaron comunicaciones que permitan vislumbrar que se encontraban en conocimiento de medidas a producirse en el marco de la presente causa o bien que permitan dilucidar maniobras de ocultamiento de material probatorio[/i]”. La medida fue rechazada y frente a ello, [b]el fiscal también apeló[/b]. En esa ocasión Di Lello sumó como argumento que [b]un funcionario del juzgado plasmó en un informe actuarial un mensaje con contenido intimidatorio enviado desde el celular del intendente Manuel Passaglia el mismo día que se realizarían allanamientos[/b]. Para la fiscalía federal, ello denota que “[i]se encontraban anoticiados de los procedimientos a producirse[/i]”. Sin embargo [b]el juez federal Marcelo Bailaque[/b] rechazó todos esos pedidos. El fiscal apeló las decisiones, agraviándose de que el magistrado [b]había omitido valorar una serie de inconsistencias patrimoniales[/b]. [b][u]La decisión de la Cámara Federal[/u][/b] El recurso fue sostenido por los fiscales Claudio Palacín y Javier Arzubi Calvo ante el tribunal revisor. Al resolver, los camaristas Fernando Lorenzo Barbará y José Guillermo Toledo consideraron que en la causa “[i]se incorporaron elementos de [b]convicción suficientes como para fundamentar la verosimilitud de la hipótesis criminal[/b], lo cual torna procedente adoptar desde el inicio medidas cautelares que aseguren los bienes sobre los que pudiera recaer el decomiso y las eventuales penas pecuniarias[/i]”. En consecuencia, [b]se ordenó el embargo preventivo de una serie de bienes; el congelamiento de sus productos bancarios/financieros por 90 días[/b] -las entidades deberán informar los saldos, excepto que se trate de cajas de ahorro en pesos cuyo destino sea el cobro de sueldos-; [b]y la remisión del registro de llamadas entrantes y salientes cursadas durante los últimos ocho meses[/b] -contados desde febrero de este año- por cada uno de los abonados telefónicos pertenecientes a los denunciados e identificados por la fiscalía federal. [b][u]La causa[/u][/b] La pesquisa se inició con la denuncia efectuada por una persona -bajo identidad reservada-, según la cual Passaglia padre y su círculo familiar “[i]podrían haber realizado diferentes hechos calificables dentro de las previsiones establecidas por el artículo 268 (2) párrafos 1 y 2 [enriquecimiento ilícito] y artículo 303 [lavado de activos], todos del Código Penal[/i]”. El Ministerio Público Fiscal requirió la instrucción del sumario y colectó elementos probatorios tendientes a corroborar los episodios denunciados. “[i]Del análisis de las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP por los investigados pueden advertirse notorias inconsistencias en la justificación del origen de los bienes[/i]”, advirtió Di Lello en el dictamen presentado a fines del año pasado. En ese sentido, agregó que “[i]el [b]Sr. Passaglia durante el período en que se desempeñó como funcionario público dispuso de fondos cuyo origen no pueden justificarse con sus ingresos declarados[/b]. Posteriormente, pretendió disimular la calidad ilícita de los fondos así generados, dándoles ingreso a su patrimonio y el de sus allegados con apariencia de licitud, mediante la adquisición de bienes registrables y la participación en inversiones, incompatibles con sus ingresos declarados[/i]”.
info@radionoba.com.ar
San Martín 88
San Nicolás, Buenos Aires, Argentina
0336 44 23 710
0336 154 626254
Radio noba © 2017 - 2021  |  
Programado por Fernando Tormo