Doctrina de un fracaso anunciado

El pasado lunes se publicó en el boletín oficial la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación. La misma reglamenta el empleo de [b]armas de fuego[/b] por parte de las fuerzas federales. “[i]Sólo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas[/i]”, afirma en sus primeros párrafos la resolución. El artículo más polémico quizás sea el tercero: “[i]Ante el necesario empleo de armas, los funcionarios de las Fuerzas Federales deberán identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita. Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso[/i]”. A este texto se suma la posibilidad de disparar con la que contarán los oficiales frente a la fuga del potencial delincuente para lograr de esta manera su detención. Con fuerzas de seguridad instruidas en derecho procesal penal, preparadas para poder proceder en este tipo de casos, fuerzas cuyos miembros tengan una óptima formación en tiro, la norma no despertaría la menor preocupación. Pero con fuerzas muy poco instruidas, en las que los casos de abuso de poder son recurrentes, y existiendo la posibilidad de que esta reglamentación sea tomada por la provincia y municipios, ¿[b]acaso podría un policía local comprender cuál es el pequeño limite en el que puede disparar o no, cuando no son capaces de proceder de manera legal en una simple “[i]requisa[/i]”[/b]? [b]Patricia Bullrich[/b], propulsora de esta medida, la defendió a ultranza y aseguró contar con el aval del Presidente. Nada nuevo conociendo el prontuario de la actual Ministra de Seguridad y del máximo mandatario. Basta recordar el caso del Policía Luis Chocobar cuya causa se encuentra pronto a ser elevada a juicio oral por el delito de homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber. Tras lo sucedido, ambos defendieron el accionar del policía local y hasta lo recibieron como un “[i]héroe[/i]” (adjetivo utilizado por el presidente) en la Casa Rosada. Pero al parecer no todos los miembros de la alianza [b]Cambiemos[/b] se encuentran en la misma sintonía de Macri y Bullrich. Nada más y nada menos que Elisa Carrió (autoproclamada la “[i]defensora de la república[/i]”) se mostró fervorosamente en contra de esta reglamentación. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Con buen tino afirmó que “[i]la reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministro Bullrich viola los Derechos humanos fundamentales[/i]”. Y agregó “[i]Nosotros no vamos a ir al fascismo[/i]”. Hay quienes sostienen que con estas críticas (podríamos afirmar bastante recurrentes) Carrió “[i]hiere[/i]” al gobierno con fuego amigo: provoca internas que hasta podrían “[i]terminar[/i]” con la alianza gobernante. Pero por el contrario, desde una visión “[i]Durán Barbesca[/i]” de la situación, este tipo de mensajes no dejan de favorecer a la alianza gobernante. Con sus dichos, Carrió contiene al votante de Cambiemos que se encuentra en contra de estas políticas más “[i]radicales[/i]”. Contiene a ese votante de “centro derecha” que se opone a estas medidas de “[i]ultra derecha[/i]” más cercanas al pensamiento del presidente electo del Brasil [b]Jair Bolsonaro[/b]. Ese votante que a pesar de las diferencias con Macri o Bullrich, coincide con Carrió y por lo tanto, seguirá apostando al espacio en el que Lilita se encuentra. Pero más allá del análisis político, lo cierto es que esta medida se presenta como un paso más para “[i]dar batalla contra la alarmante inseguridad[/i]”. Lo cierto es que si analizamos los datos duros aportados por la actual gestión, en el último año, la tasa de hurtos disminuyó un 6%, mientras que la de robos lo hizo en un 7%. Los robos extorsivos se redujeron en un 19% y la cantidad de agentes policiales asesinados un 1,8%. Si la actual gestión de Bullrich, según sus cifras, (con la reglamentación sobre el empleo de armas de fuego vigente) logró disminuir los casos de hurto, robo y homicidios, ¿[b]cuál es la necesidad de esta reforma[/b]? ¿[b]Es buscar mayor seguridad, o más bien mayor control de la calle frente a la creciente crisis social[/b]? Más allá de los motivos, la presente reforma no solo cuenta con el apoyo de diversos sectores de Cambiemos. Según un estudio reciente de la consultora Management & Fit realizado entre el 4 y el 5 de diciembre, el 60% de los consultados están de acuerdo con el protocolo sobre el uso de armas y el 46% considera que, tras su aplicación, la situación social mejorará, contra un 33% que cree que empeorará. Es que el hartazgo y la frustración de gran parte de la sociedad argentina, que es testigo de cómo roban en reiteradas oportunidades el mismo local del vecino que trabaja 10 horas por día, o como matan a sangre fría a un jubilado por resistirse a un robo, produce consecuentemente el apoyo de cualquier medida que se presenta como una rápida solución a este flagelo denominado “[i]inseguridad[/i]”. Lo cierto es que desde el [b]Estado[/b] podemos sumar más violencia institucional a la violencia ya existente, podemos poblar las cárceles de delincuentes, podemos exterminar a los “[i]chorros[/i]” y el problema va a continuar. Porque es más profundo. Es consecuencia de un deterioro social que comenzó hace más de 3 décadas con el plan económico de Martínez de Hoz y que terminó por implosionar en 2001. Más de 3 décadas de generaciones privadas de poder acceder a una educación de calidad, excluidas del mundo laboral, sin posibilidades de poder aspirar a salir de esa marginalidad. Si ansiamos como sociedad terminar con la inseguridad, debemos saber que el camino (y así lo demuestra la historia de los países más desarrollados del mundo) no es más balas, más cárceles, más violencia. Es más educación, más empleo, más inclusión social. Sin lugar a dudas son políticas de estado que demandan una gran inversión y cuyos logros se ven en el largo plazo, pero es la única manera de erradicar estos problemas de raíz, problemas que son una de las tantas deudas de la democracia. Como suele suceder en nuestro país, los [b]argentinos[/b] escogemos el atajo, el camino más corto que trae una aparente solución. El que menos esfuerzo demanda. Ese camino tomó la actual gestión. Los resultados serán los mismos. Es que la violencia nunca se podrá erradicar con más violencia.