Apartaron de su puesto a tres penitenciarios por una denuncia de violencia contra presos

El último jueves, tres trabajadores de la Unidad Penitenciaria N° 3 fueron apartados de su cargo y pasados a disponibilidad preventiva por una denuncia de agresión física, dejando sordo a un ex recluso.

El actual [b]Sub-director de la Unidad Penal[/b] y dos oficiales más son los que están denunciados y fueron apartados de la fuerza el último jueves. Esto se debe a la denuncia de un ex preso de la UP3 de San Nicolás de los Arroyos, que los acusa por vejámenes a los que fue sometido durante su estadía allí. El denunciante presentó una demanda contra el Servicio Penitenciario bonaerense (guardias y sanidad) y médicos del Hospital San Felipe, por un hecho que según manifiesta tuvo lugar en el mes de febrero del año 2015. La causa, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 del Dpto. Judicial de San Nicolás, está caratulada como "[i][b]Severidades, Vejaciones y/o apremios ilegales a presos[/b][/i]". La defensa de la víctima la lleva adelante el reconocido Dr. Gabriel Ganón. En la demanda presentada por la víctima a través del [b]Dr. Ganón[/b], se narran los hechos ocurridos entre el 19 y el 20 de febrero de 2019. Allí se pone de manifiesto todo lo ocurrido, detallando cada una de las agresiones físicas, incluso con arma de fuego, y denigraciones sufridas por el denunciante, a manos de los oficiales de la fuerza. Entre ellas, cuenta como los policías le apoyaron su zona genital sobre el rostro. De la mano con esto, se detalla que no fue atendido por personal médico y que permaneció detenido. A raíz de la golpiza, se pudo comprobar que las consecuencias fueron graves, ya que los golpes ocasionados provocaron la pérdida total de la audición del oído izquierdo. Incluso en la demanda, se explica: "[i]este hecho traumático y disvalioso cambió la vida del actor para siempre... aunque se encontraba privado de libertad había iniciado una relación de pareja y tenía un proyecto de vida a la libertad que le esperaba”. “El acontecimiento dañoso que sufrió alteró su proyecto de vida seriamente, impidiéndole volver a trabajar y luego de lo acontecido, no pudo superar la crisis familiar que también le provocaron los ataques de pánico, sus dificultades para mantener relaciones sexuales, etc., situación que persiste a la actualidad[/i]”. La denuncia busca hacer justicia y visibilizar el hecho ocurrido y, en caso de que la justicia falle a favor del denunciante, el Estado deberá resarcirlo con una suma en pesos que oscilará, más o menos, en 8.570.000 (pesos ocho millones quinietos cincuenta y siete mil).
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