La jueza María Eugenia Maiztegui, del Juzgado de Garantías 3 de San Nicolás, falló a favor de un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), en el que se denunciaron las condiciones inhumanas en las que estaban detenidas ocho personas en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En su resolución, la magistrada ordenó mantener la prohibición, vigente desde enero de 2020, de alojar personas en esa dependencia policial, y exigió al Ministerio de Seguridad bonaerense realizar obras que garanticen la dignidad y seguridad de los detenidos en el futuro.

El fallo se basó en un monitoreo realizado el 17 de septiembre por la CPM, que reveló graves deficiencias como calabozos con humedad, falta de ventilación y de luz natural, instalaciones eléctricas peligrosas y ausencia de colchones ignífugos. Además, en el sector conocido como “matera”, un pasillo sin privacidad, los detenidos carecían de ducha, sanitarios y condiciones mínimas de habitabilidad.

El informe también denunció la falta de provisión de alimentos y un régimen de encierro colectivo que limitaba el acceso al patio al aire libre. A pesar de la clausura judicial vigente, la sede policial alojaba detenidos en condiciones que vulneraban sus derechos básicos.

Tras evaluar informes periciales y de profesionales de diversas áreas, la jueza concluyó que las instalaciones de la DDI no son aptas para alojar personas privadas de su libertad. El fallo incluye la remisión de los resultados de las pericias al Ministerio de Seguridad para que se realicen las obras necesarias que permitan cumplir con los estándares básicos de detención.