El fiscal Patricio Múgica Díaz solicitó este lunes al Juzgado de Garantías la elevación a juicio de la causa que involucra un millonario fraude financiero. La investigación, que comenzó en 2019, señala la presunta comisión de estafas y administración fraudulenta por parte de Walter Gulías, Héctor Páez y Paula D’Adamo, quienes habían sido imputados tras denuncias de cientos de ahorristas que confiaron en una casa financiera local.

El caso tuvo su origen en 2013, cuando se inauguró la financiera “Casa de Cambio San Nicolás”, conocida por operar en puntos céntricos de la ciudad. Además del cambio de monedas, ofrecía inversiones en dólares y pesos con tasas de alta rentabilidad que atrajeron a numerosos clientes.

Durante los primeros años, las operaciones parecían normales, pero en 2019 comenzaron las denuncias de ahorristas que no podían recuperar sus fondos.

La fiscalía amplió la acusación en 2023 al sumarse nuevas denuncias que identificaron más víctimas del esquema. Esto retrasó el proceso, ya que debieron incorporarse nuevas pruebas y ampliar las indagatorias.

Finalmente, el fiscal Múgica Díaz concluyó la instrucción, solicitando que los acusados enfrenten un juicio oral y público por los delitos imputados.

Las cifras defraudadas, que alcanzan montos millonarios, reflejan el alcance del presunto esquema de estafas que dejó a numerosos inversores sin sus ahorros. Según las investigaciones, los fondos invertidos fueron desviados, dejando a cientos de personas afectadas.

Durante el curso de la instrucción, la causa incluyó diversas medidas cautelares. Se llevaron a cabo once allanamientos en los que se secuestraron dinero en efectivo en pesos y dólares, documentación clave, equipos informáticos, celulares y otros dispositivos electrónicos.

Además, se trabaron embargos preventivos sobre propiedades inmobiliarias, automóviles de alta gama y embarcaciones para preservar los capitales de los afectados.

En octubre de 2022, la Justicia concretó embargos que alcanzaron los 150 millones de pesos en ese momento. Entre los bienes embargados se incluyeron departamentos, casas, cocheras, vehículos de alta gama y embarcaciones, con un valor estimado de casi 600 mil dólares y 10 millones de pesos.

Estas medidas representaron solo una parte del monto estimado de la defraudación y buscan garantizar el resarcimiento a las víctimas.

Los acusados permanecen actualmente bajo arresto domiciliario, otorgado por razones de salud tras haber cumplido meses en prisión preventiva.

El juicio buscará esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los implicados en este caso que marcó a la comunidad nicoleña.