El informe que desestima la denuncia de Passaglia: la fiscalía inició 4000 causas

En exclusiva, NOBA accedió a un informe del Poder Judicial de la Nación en el que se releva y analiza el accionar de juzgados y fiscalías federales, entre ellas la Fiscalía local, a cargo del Dr. Matías Di Lello.

El pasado miércoles, el intendente municipal Manuel Passaglia [b]denunció penalmente al fiscal federal Matías Di Lello[/b] por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” ([b][i]Ver acá:[/i][/b] [url]bit.ly/2WJVk5P[/url]). La denuncia generó revuelo, no solo porque un intendente denunció penalmente a un fiscal de la nación por “poner en riesgo la salud de los nicoleños” (palabras del propio Passaglia), sino porque se trata nada más y nada menos del único fiscal que [b]investigó e investiga a la familia Passaglia por corrupción, lavado de activos y malversación de fondos públicos[/b]. En exclusivo, [b]NOBA[/b] pudo acceder a un [b]informe del Poder Judicial de la Nación[/b], elaborado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. En el mismo se detalla el accionar de cada uno de los juzgados y fiscalías de la jurisdicción (dentro de la que se encuentra San Nicolás), enumerando causas iniciadas y tareas realizadas desde el comienzo de la Feria Extraordinaria el pasado 16 de marzo. Según se extrae del documento, en el Juzgado Federal N°2 de nuestra ciudad [b]se iniciaron más de 4000 causas por presuntas violaciones al cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio[/b] dispuesto por el Poder Ejecutivo. Este dato elocuente y objetivo, [b]desestima la acusación de Passaglia[/b], quien sostuvo que el Fiscal Di Lello “no cumplió con los procedimientos necesarios para garantizar el acatamiento del Aislamiento Social y Obligatorio, la cuál es su función”. La función propia de un fiscal de la nación es [b]defender los intereses generales de la sociedad[/b] a través de la persecución de delitos, como bien consagra nuestra carta magna en su artículo 120. Las 4000 causas iniciadas, [b]demuestran que el fiscal ha actuado en consonancia[/b]. Por otra parte, en el documento se detalla que también [b]se continuó trabajando en la investigación de otros delitos[/b]. “[i]En virtud de investigaciones en trámite llevadas a cabo por la fiscalía, también se ordenaron intervenciones de comunicaciones telefónicas, allanamientos, requisas y detenciones, en su mayoría por violación a la ley 23.737, por infracción a la ley 24.051 y el domingo 26 de abril desde la madrugada se convocó personal por un presunto caso de secuestro extorsivo[/i]”, expresa el informe. Por último, se explicita [b]el trabajo en conjunto entre el juzgado, la fiscalía y las fuerzas de seguridad locales[/b], con quienes se establecieron los pasos a seguir con el importante número de vehículos incautados producto de la violación del aislamiento social. Este informe, deja en evidencia las [b]inconsistencias que acarrea la acusación efectuada por el intendente[/b]: el fiscal actuó y persiguió a aquellos que incumplieron con el aislamiento social. La denuncia, queda reducida a lo que fue desde un principio: un nuevo amedrentamiento contra la justicia que investiga a la familia Passaglia.
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