¿Por qué es ilegal el aumento de las tasas?

La gestión Passaglia y su ambición por recaudar...

La nueva fórmula aplicada viola los principios que viene sosteniendo históricamente la Corte Suprema en materia tributaria. ¿Cuál es la responsabilidad que podría caberle a los concejales y mayores contribuyentes que la aprobaron? El enojo de los vecinos nicoleños se ha ido incrementando en los últimos días. A los constantes aumentos en la canasta básica de alimentos, servicios públicos, impuestos nacionales y provinciales, se le suma un abultado e ilegal aumento en las tasas municipales. El conocido “ABL”, ahora rebautizado como “Tasa de desarrollo urbano”, llegó a las casas de los contribuyentes[b] con aumentos que en muchos casos superan el 150%[/b], muy por encima de la inflación del 53,8% que midió el INDEC en todo 2019. ¿Por qué se produce semejante incremento? En diciembre pasado, la gestión Passaglia aprobó con su mayoría en el Concejo Deliberante una nueva fórmula para calcular los montos a pagar por los vecinos en calidad de Tasas Municipales. Por el afán recaudatorio, el clásico cálculo en razón de metros de frente de la vivienda, fue reemplazado por la valuación fiscal de la propiedad. Ahora bien, [b]¿qué relación tiene el valor de la propiedad con la prestación de un servicio de alumbrado, barrido y limpieza? ¿No deberíamos pagar los nicoleños el costo de ese servicio en relación a los metros del frente de nuestra vivienda? ¿Esta nueva fórmula respeta las normas constitucionales sobre derecho tributario?[/b] Para responder estas preguntas es necesario refrescar algunos conceptos. Tal como recuerda la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el [b]fallo Quilpe S.A. s/ inconstitucionalidad[/b] del año 2012, la tasa municipal “es una categoría tributaria que si bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general”. En otras palabras, [b]las tasas municipales se diferencian de los impuestos en que estas son una contraprestación por la prestación directa de un servicio público, mientras que los impuestos carecen de la prestación de servicio alguno[/b]. Por el pago del ABL, el municipio debe brindarme alumbrado, barrido y limpieza, mientras que por el pago del impuesto a las ganancias el Estado Nacional no me brinda ningún servicio de manera directa. Partiendo de la noción de estos conceptos, es menester analizar cuál debe ser entonces la forma adecuada en la que los municipios calculen el valor de las tasas. Y es aquí donde encontramos la primera irregularidad de los aumentos impulsados por la gestión Passaglia. La Corte Suprema de la Nación ha sostenido que [b]el cobro de una tasa se debe corresponder siempre a una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio[/b]. Asimismo afirma que si bien ello no significa que debe existir una equivalencia estricta entre el monto de la tasa y el costo del servicio concreto (que es prácticamente imposible de establecer), [b]ello no implica que la relación sea desproporcionada y menos aún, que el destino de los fondos sea aplicado a cualquier otro objetivo que no sea afrontar el costo del servicio[/b]. En el caso de nuestra ciudad, la anterior fórmula se acercaba más al costo real de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, ya que la misma se calculaba en razón de metros de frente de la vivienda, que son en definitiva sobre los cuales se prestan los servicios. La nueva fórmula aprobada por el passaglismo, al incorporar en su cálculo la valuación fiscal de la vivienda produce una [b]enorme distorsión entre el costo real del servicio y la tasa a pagar[/b], lo que va claramente en contra de los principios esgrimidos por el máximo tribunal. Del mismo modo, la Corte Suprema ha sostenido históricamente (basándose en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento promulgado en el año 1993) que debe derogarse el cobro de contribuciones municipales que afecten los mismos hechos económicos que los impuestos provinciales. [b]Con la nueva fórmula el municipio de San Nicolás viola la jurisprudencia del máximo tribunal, dado que la valuación fiscal de la vivienda ya se encuentra afectada al impuesto inmobiliario que cobra la Provincia[/b], y por el cual San Nicolás recibe más de $13.000.000 a través de la ley de coparticipación N° 10.559. Sabido es que la gestión Passaglia ha llevado a [b]las Tasas Municipales de San Nicolás a ser una de las más altas de la provincia de Buenos Aires[/b], a través de la creación de “Fondos solidarios de obras públicas” y de un constante e irracional aumento de las diversas tasas. De la totalidad de los ingresos corrientes que tiene el municipio en 2020, [b]las tasas abarcan el 59,1%, sumando un total de $2.258.733.000[/b]. Dicha abultada suma, ¿se corresponde con la calidad de los servicios brindados por el municipio? O mejor dicho, ¿los nicoleños poseemos servicios de una calidad que esté a la altura de las excelsas tasas que pagamos? No hay que alejarse del centro para observar la bajísima presión de agua que lleva a muchos vecinos a tener que instalar costosos sistemas de bombeo para poder disfrutar del suministro, la falta de tratamientos de los efluentes cloacales, o la pésima limpieza de las calles, cuando fuera de la zona céntrica no se observan cotidianamente barrenderos ni camiones de limpieza. Frente a una oposición que no judicializa este avasallamiento de los derechos de los nicoleños, ya son varios los vecinos que [b]han solicitado a estudios jurídicos la presentación de amparos en la justicia[/b]. El gobierno municipal desoyó la doctrina y jurisprudencia del máximo tribunal de justicia de nuestro país, siendo la ordenanza fiscal y tarifaria [b]inconstitucional y violatoria de los fallos de la Corte[/b]. Del mismo modo, habría que evaluar la responsabilidad penal de los [b]concejales y de los mayores contribuyentes[/b] que alzaron su mano a favor de esta ilegal ordenanza, [b]quienes podrían responder personal y patrimonialmente por incumplir con los deberes de los funcionarios públicos[/b] (artículo 248 del código penal). Esta vez, el afán recaudatorio llegó demasiado lejos.
info@radionoba.com.ar
San Martín 88
San Nicolás, Buenos Aires, Argentina
0336 44 23 710
0336 154 626254
Radio noba © 2017 - 2021  |  
Programado por Fernando Tormo