EXCLUSIVO | La justicia prohibió la inauguración del Estadio Único

El Juez Federal con competencia electoral Dr. Adolfo Gabino Ziulu, hizo lugar a la medida cautelar que prohibía la inauguración del Estadio Único por encontrarse violando el Código Nacional Electoral. Sin embargo, el municipio procedió con el evento.

El pasado 12 de octubre los apoderados del Frente de Todos en San Nicolás, Santiago Eguren y Facundo Albini, presentaron un escrito a la Justicia Electoral solicitando que se dicte una medida cautelar ordenando a la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos que se [b]abstenga de realizar la inauguración del “[i]Estadio San Nicolás[/i]”[/b] prevista y anunciada para el día sábado 19 de octubre. El pedido se funda en la infracción al art. 64 quater del Código Electoral Nacional que expresa: “[i]Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas y la elección general, [b]la realización de actos inaugurales de obras públicas[/b][/i]”. El pasado jueves, el Juez Federal Subrogante con competencia electoral Dr. Adolfo Gabino Ziulu, emitió una resolución ([b]ver acá:[/b] [url]http://bit.ly/35O6QQg[/url]) en la que dictaminó: “[i]Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por los nombrados, y consecuentemente librar orden de restricción al departamento ejecutivo del municipio de San Nicolás, a fin de que se [b]abstenga de realizar acto de inauguración de un “estadio municipal”[/b] o de cualquier otra obra pública, hasta tanto transcurra el período de prohibición establecido al efecto en el art. 64 quater del Código Electoral Nacional[/i]”. Al día siguiente, se notificó fehacientemente mediante una cédula electrónica ([b]ver acá:[/b] [url]http://bit.ly/31y58iF[/url]) lo resuelto por la Justicia Electoral. Sin embargo, [b]el municipio incumplió la medida cautelar[/b] y ayer procedió con la inauguración del Estadio Único. Ante esta violación, la sanción que prevé la ley se encuentra en el artículo 133 bis que expresa: “[i]Los funcionarios públicos que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición establecida en el artículo 64 quater, serán pasibles de inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio de cargos públicos[/i]”. En los próximos días se conocerán las medidas que tomarán la justicia y las partes en conflicto.
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