Este martes se llevó a cabo el megaoperativo “Hermes II 2024”, en el que la investigación del Departamento Judicial de San Nicolás resultó fundamental para desarticular una red de ciberestafas responsable de pérdidas que superan los 80 millones de pesos.

Coordinado por las fiscalías de la provincia de Buenos Aires, el operativo incluyó 50 allanamientos en varias provincias y culminó con 30 personas detenidas, además de la incautación de dinero en efectivo, dispositivos tecnológicos y armas de fuego.

La investigación del caso estuvo a cargo del equipo especializado en cibercrimen del Departamento Judicial de San Nicolás, liderado por el Dr. Jorge Leveratto, agente fiscal de la UFI 15, y los doctores Julio Perez Carretto y Antonella Giampietro, de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, bajo la supervisión de la Dra. Sandra Bicetti. Este equipo condujo un seguimiento exhaustivo de las maniobras delictivas que incluyeron phishing, malware y estafas a través de redes sociales.

La pesquisa fue motivada por múltiples denuncias ante el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, que detallaban accesos no autorizados a cuentas bancarias y transferencias fraudulentas.

Con el apoyo del Banco Provincia, que colaboró en la identificación de pruebas, los fiscales lograron rastrear los movimientos y dispositivos involucrados en las estafas, que afectaron a numerosos usuarios bancarios en todo el país.

Además del phishing y el malware, los delincuentes se aprovechaban de víctimas en redes sociales como Facebook Marketplace y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, enviando comprobantes de pago falsos para convencer a los usuarios de realizar validaciones en cajeros automáticos o compartir sus credenciales.

En varios casos, las víctimas descubrieron que sus cuentas habían sido vaciadas tras caer en estos engaños.

El Ministerio Público Fiscal continúa la investigación para identificar a posibles cómplices y rastrear el destino de los fondos obtenidos fraudulentamente.

El operativo “Hermes II 2024” se destaca como uno de los mayores avances del año en la lucha contra el cibercrimen en Argentina, marcando un hito en la labor de la justicia nicoleña y su respuesta a las crecientes amenazas digitales.