Opinión | Duro revés judicial para el municipio

Este semana, María Isabel Fulgheri, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de San Nicolás, dio lugar a la medida cautelar solicitada en febrero por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

Para entender de qué se trata haré una pequeña reseña. En diciembre de 2019 se aprobó en el Concejo Deliberante una nueva “tasa” que sorprendería a todos los nicoleños por los desmedidos aumentos que traería aparejados. Llamada Tasa por Desarrollo Urbano (DU), este nuevo tributo se impuso para reemplazar a la antigua Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (AB). Pero, ¿qué es una tasa? Una tasa es una contribución que realiza cada frentista en concepto de los servicios que brinda la Municipalidad por sí o por terceros; en este caso, por la iluminación y la limpieza de la vía pública. Por eso, acertadamente, se sostiene que una tasa municipal debe ser retributiva, es decir, una contraprestación, y, a riesgo de sonar redundante, aclaro, debe guardar proporcionalidad el servicio brindado con el monto en dinero exigido, una relación estricta con el costo que debe afrontar la Municipalidad por esos servicios. Toda tasa debe tener en cuenta la capacidad contributiva de sus destinatarios. Esta valoración pone un límite al poder tributario. En caso de no respetar todos estos preceptos resulta confiscatoria. A pesar de ser, San Nicolás, una de las ciudades con las tasas más caras en la provincia, la histórica Tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza, contemplaba toda la normativa vigente al respecto. Para su cobro se utilizaba una fórmula directamente proporcional entre el servicio brindado y el cobro estipulado, se basaba en los metros lineales de frente, y cada año sufría un aumento apenas por encima de la inflación y los aumentos salariales que por paritarias se establecían. La actual Tasa por Desarrollo Urbano no reviste el carácter de tasa, sino de impuesto. La misma se calcula sobre la base del valor de cada vivienda, lo mismo que sucede con el impuesto inmobiliario de ARBA, un valor que no guarda relación alguna con los servicios que brinda el municipio. No sólo eso, sino que a su vez, se estipuló un aumento trimestral en el nuevo tributo, especulando con la inflación. De antemano se genera un aumento con origen inflacionario; lamentablemente no puedo afirmar lo mismo sobre los salarios de las personas que deban cumplir con las tareas. En términos legales la Municipalidad no posee facultad para crear impuestos; la nueva tasa es de una inconstitucionalidad manifiesta. Ahora bien, la medida cautelar dispuesta, esto significa un remedio provisorio hasta tanto se resuelva la situación de fondo planteada por el Defensor del Pueblo, ordena al Intendente suspender el cobro, intimación, ejecución de la Tasa por Desarrollo Urbano a todos aquellos contribuyentes que hayan sufrido aumentos del 150% o más en relación con la antigua tasa. Asimismo, en los casos que superen ese porcentaje, se autoriza a la Municipalidad para re liquidar los tributos con ese porcentaje tope establecido. [i]Se entiende que 150% de aumento continúa siendo irrisorio, por cuanto la inflación interanual nunca alcanzó esa cifra, y los salarios de los empleados que brindan los servicios no aumentaron en esa medida[/i]. [b]¿Qué sucederá con las facturas pagas? ¿Reconocerá el municipio los derechos de los contribuyentes?[/b] Si algo tenemos presente los argentinos, sobre todo los nicoleños, es el aforismo latino, principio del Derecho Tributario, solve et repete, paga y luego reclama. Nos vemos obligados a pagar la imposición tributaria para luego esperar un buen gesto del gobierno local. Vale recordar que el proyecto que creó la Tasa por Desarrollo Urbano fue impulsado por el Intendente y aprobado por todos los concejales, [b]¿Serían estos últimos cómplices? ¿Son solidariamente responsables? ¿Tendrá la Justicia sensatez suficiente para poner freno a la desmedida ambición fiscal del gobierno local?[/b] Con beneplácito celebramos el accionar de la Justicia, y esperamos celeridad para que resuelva definitivamente la cuestión de fondo.
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