¿Por qué es legal la intervención del Estado en Vicentín?

Un análisis legal de la decisión del Gobierno Nacional. Se hizo uso de un instituto jurídico regulado desde hace más de 5 décadas.

Este martes, el Gobierno nacional publicó en el boletín oficial el [b]Decreto de Necesidad y Urgencia N° 522/2020[/b] mediante el cual dispone la [b]intervención transitoria de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. por un plazo de 60 días[/b], con el fin de “asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”. Dicha decisión política despertó [b]planteos, críticas e incluso denuncias penales por parte de la oposición de Juntos por el Cambio[/b]. Diputados como Waldo Wolff, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisella Scaglia, Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli, alegaron que “el Poder Ejecutivo Nacional [b]carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada[/b], cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella [b]sino en virtud de sentencia fundada en ley[/b]”. Sin embargo, el DNU firmado por el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero el día de ayer, no habla de “expropiación” sino de “[b]intervención transitoria[/b]”, dos procedimientos que cuentan con importantes diferencias. Mientras la “expropiación” (facultad que posee el Estado para hacer suyo un bien ajeno) debe ser aprobada por ley del Congreso, [b]la “intervención transitoria” puede ser dispuesta por decreto[/b]. Dicho instituto, del que hizo uso el Gobierno en este caso, se creó como respuesta del ordenamiento jurídico a situaciones en las que es [b]urgente e imperiosa la necesidad del Estado de ocupar un bien en pos de salvaguardar el interés público[/b]. Dicha intervención -ocupación estatal- se encuentra regulada por la ley 21.499. En su artículo 59, refiere a la “ocupación temporánea anormal” y del texto se extrae que dicha intervención “[b]puede ser dispuesta directamente por la autoridad administrativa[/b]”, es decir, sin ley emanada del Congreso. Asimismo, la ley sostiene que la ocupación estatal “[b]no dará lugar a indemnización alguna[/b], salvo la reparación de los daños o deterioros que se causaren a la cosa o el pago de daños y perjuicios debidos por el uso posterior de la cosa en menesteres ajenos a los que estrictamente determinaron su ocupación”. Del DNU que establece la intervención, se extraen datos que confirman la urgencia en la ocupación estatal: [b]la firma es la sexta empresa agrícola con mayor caudal de exportaciones[/b]. Su ruinoso presente (tiene deudas por mas de 90 mil millones de pesos, buena parte de ella con el Estado Nacional) [b]pone en juego más de 5.500 puestos de trabajo[/b]. Dado que la producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país, garantizando la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas que tienen [b]un peso considerable en la estructura del comercio exterior[/b], la quiebra de la firma, o bien el tiempo que demandaría el desarrollo de un concurso preventivo, podría conllevar graves perjuicios en materia laboral, comercial, económica y social. De esta manera, [b]el Gobierno tomó la decisión política de intervenir temporalmente la firma agrícola haciendo uso de un instituto regulado hace más de 5 décadas por nuestro ordenamiento jurídico[/b], mientras espera que el Congreso trate y apruebe finalmente la ley que la declare de interés público e instituya su expropiación.
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