“Que se pudran en la cárcel”

Opinión | La crisis carcelaria dejó sobre el tapete las miserables contradicciones argentinas.

La decisión del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires que ordenó el [b]arresto domiciliario de presos que integren grupos de riesgo y hayan cometido delitos leves[/b], generó revuelo en redes sociales. De manera malintencionada, diversos medios de comunicación comenzaron a difundir información falsa afirmando que homicidas y violadores iban a quedar en libertad, generalizando el actuar de un puñado de jueces que se apartaron de lo que exigió el tribunal bonaerense. Además de la [b]evidente manipulación de la opinión pública[/b], la problemática en las cárceles deja entrever una serie de [b]contradicciones latentes en el sentido común de gran parte de la sociedad argentina[/b]. Mientras se piden más detenciones con penas más duras, no se le exige al Estado una mayor inversión en materia penitenciaria. Peor aún, [b]se celebran las condiciones de hacinamiento[/b] en la que se encuentran los presos en nuestro país y se critica cualquier mínimo reclamo de los detenidos. Si la contradicción no quedó clara, me permito ser más directo. Las cárceles modernas fueron ideadas como un avance en materia de Derechos Humanos. Se busca recluir a quienes incurran en delitos graves para resguardar la seguridad de la sociedad y, asimismo, [b]generar un mecanismo virtuoso que le permita al reo reinsertarse en la vida social[/b] y no reiterar su conducta delictiva cuando recupere la libertad. Pero para ello es esencial que las condiciones de hábitat, higiene, aseo y alimentación en los penales, sean óptimas. Desde hace años, el fracaso del sistema penitenciario en nuestro país, producto de la desinversión en materia carcelaria, [b]produjo que la reincidencia alcance el 43% de los casos[/b]. Esta desidia del Estado origina un espiral que se retroalimenta y no genera ninguna solución. La reincidencia y el aumento de la inseguridad producen el hartazgo de la sociedad, que en vez de solicitar mejores condiciones para los reclusos, con políticas de integración que permitan su reinserción social, pide mayores castigos. Como respuesta al reclamo, el Estado aumenta los presupuestos de las fuerzas de seguridad y continúa reduciendo la inversión en materia carcelaria. De esta manera, [b]la problemática de fondo nunca es atendida[/b], y todos terminamos siendo, como mínimo, cómplices de un problema que observamos con recelo. Nuestra [b]Constitución Nacional[/b] en su artículo 18 reza: “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. La realidad es tan disímil que se transforma en una escena dantesca. Un informe elaborado en el año 2016 por el Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Dr. Miguel Palazzani, [b]denuncia las inhumanas condiciones de detención[/b] de las que fue testigo al realizar una visita a la [b]Cárcel de Devoto[/b]. En el piso 4, que aloja a 82 personas, el Servicio Penitenciario Federal “sólo provee tres botellas de lavandina y de detergente por mes”, que “sólo cuentan con dos secadores y dos escobas” que están “rotos y en mal estado”. Al cuadro, indicaron, se suma que “[b]la basura no es regularmente retirada del pabellón[/b]” y que se la deposita “en una de las celdas, sin puerta”. “No se arroja en bolsas sino directamente en unos tachos que además se encuentran rotos, por lo que la basura se filtra. Todo esto conlleva que [b]los residuos se pudran y se reproduzcan hongos, gusanos y cucarachas[/b], así como un olor nauseabundo”, precisaron. “La alimentación solamente alcanza para cubrir una comida diaria” y “[b]no se brinda desayuno ni merienda[/b]”. En tanto, el baño, que usan las 82 personas del piso 4, “sólo cuenta con dos inodoros y tres duchas, todos los cuales funcionan de manera deficiente y se encuentran sucios”, y “ninguno cuenta con puertas que resguarden la intimidad de quienes los utilizan”. Sin ir más lejos, basta analizar la situación de la Unidad Penal N°3 de San Nicolás para observar el pésimo estado de su infraestructura y el hacinamiento de los presos: [b]cuenta con una población de 960 reclusos cuando su capacidad máxima es para 400[/b]. Frente a la propagación del COVID-19, el estado deplorable de las cárceles enciende las alarmas. La sobrepoblación, sumada al ingreso constante del personal de salud y penitenciario, mantiene latente el riesgo de contagio. Si alguno de los detenidos contrae la infección, [b]la propagación sería inminente[/b] debido a las mínimas condiciones de higiene. Mientras una importante parte de la sociedad argentina comparte posteos en las redes sociales afirmando que “es un problema de los presos” y que “están ahí porque se lo buscaron, que se la banquen”, no toman conciencia de que la problemática podría cobrar una magnitud tal que [b]nos afectaría a todos[/b]. De propagarse el coronavirus en comunidades carcelarias de entre 800 y 1600 reclusos, se pondría en riesgo lo logrado con el aislamiento social obligatorio. Los centros de salud públicos se saturarían y no se podría atender toda la demanda esperada para las próximas semanas. Las crisis como la que estamos atravesando sacan a la luz nuestras [b]miserias[/b]. Pero también nos demuestran algo esencial: [b]vivimos en sociedad, somos seres sociales[/b]. Lo que le ocurre al otro, quiera o no, tarde o temprano, termina replicándose en nuestro propio hacer y ser. Insistir con aplicar las mismas recetas que se emplean desde hace años (aumento de penas, creación de más fuerzas de seguridad) y que no producen resultados (luego de la Ley Blumberg la tasa de secuestros y homicidios no se redujo), solo [b]agudiza la situación[/b]. Cargar todas las culpas sobre la justicia, pretendiendo que repare lo irreparable, también se vuelve inútil. Mientras no abordemos la problemática apartándonos por un momento de las [b]mezquinas construcciones del sentido común[/b] y atendiendo la raíz del conflicto, mientras no breguemos por una sociedad más igualitaria, en la que nadie tenga su destino signado por el lugar en el que nació, ni se le niegue el acceso a derechos humanos esenciales, seguiremos retroalimentando un sistema que produce [b]violencia y miseria[/b]. Ojalá estemos a la altura de dar semejante discusión, aunque viendo el transcurso de los acontecimientos, peque de optimista.
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