La provincia de Buenos Aires adhirió al protocolo de interrupción legal del embarazo

El ministro de Salud y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual firmaron la resolución en la que hacen efectiva la adhesión al protocolo de ILE del Ministerio de Salud de la Nación.

La provincia de Buenos Aires adhirió este viernes al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo, cuya actualización fue puesta en vigencia por el nicoleño Ginés González García, actual ministro de Salud de la Nación. Así lo dispuso la resolución que firmaron en conjunto el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz. De esta forma, el gobierno de Axel Kicillof busca asegurar la [b]homogénea implementación del marco legal vigente en Argentina[/b]. En el acto que se realizó para celebrar la firma de esta resolución, el ministro de Salud recalcó que "con las [b]herramientas legales que den certeza[/b] a los equipos de salud, la gente podrá empezar a perder temores y participar del acceso a este derecho de forma rutinaria". Además, puso en eje la cuestión de género mencionando que "las artífices de que hoy esto pueda hacerse realidad son las mujeres", y agregó que "estar debatiendo esto que debería ser normal -porque ya está regido como legal- es tedioso". Además, Gollán mencionó que la interrupción legal del embarazo “está en el [b]Código Penal[/b] y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República", y agregó que "la ILE no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema". Por su parte, Estela Díaz explicó que "la provincia tiene un protocolo desde 2007, lo reformó en 2012 pero [b]era restrictivo y colocaba requisitos y obstáculos que no establece la ley[/b]”. También remarcó que “esta guía es precisa, actualizada, toma indicaciones de la OMS y busca acceder a un derecho a la salud legal". Por último, destacó que va a trabajar "para que no hayan barreras indebidas al acceso a este derecho que no respetan la legislación vigente". La actualización del protocolo de interrupción legal del embarazo fue la [b]primera política de salud pública[/b] de la gestión encabezada por González García, luego del escándalo político que supuso la decisión del ex presidente Mauricio Macri de anular la actualización del protocolo del entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que concluyó en su renuncia a pocos días de finalizar su gestión. [img]http://www.radionoba.com.ar/uploads/posts/15789233091078882853.jpg[/img] Esta resolución marca un [b]antecedente trascendental[/b] en materia de salud pública en la provincia, ya que, tras gobiernos sucesivos, [b]Buenos Aires se mantenía al margen de los lineamientos nacionales[/b]. Recordemos que la anterior gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, dejó sin efecto la resolución de adhesión al Protocolo ILE que había firmado su ministra de Salud, Zulma Ortiz, a quien despidió luego de este suceso a pocos días de haber comenzado su gestión. Con este documento, se brinda un [b]marco de tranquilidad[/b] necesaria a los profesionales de la provincia que deben asegurar el acceso a esta práctica, quienes en gran parte se ven amenazados, de forma directa e indirecta, para evitar que se aplique lo contemplado en nuestro Código Penal. A su vez, se brinda una guía detallada de cómo actuar ante la solicitud de la realización de una interrupción del embarazo y hace énfasis en [b]la responsabilidad de los equipos de salud[/b] para asegurar en cada uno de los casos el acceso a la ILE cuando la causa lo amerite. [b][u]El protocolo[/u][/b] El protocolo ([i][b]ver acá[/b][/i] [url]https://bit.ly/3a7vI7S[/url]) es una guía de actuación que funciona como [b]instrumento técnico[/b] que sienta las bases sobre la cual se construye la labor de los equipos de salud. La redacción de la guía se basa en los estándares científicos actuales de la Organización Mundial de la Salud, adecuados al marco legal vigente en Argentina: el artículo n°86 del Código Penal de la Nación de 1921, el Código Civil y Comercial de la Nación reformado en el año 2015 y, también, el Fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012. En él, se destaca que “[b]la decisión de la mujer es incuestionable[/b] y no debe ser sometida por parte de los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas”. Sumado a que la respuesta debe ser rápida, accesible y segura, ya que “[b]no deben existir obstáculos médico-burocráticos o judiciales[/b] para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama”. [b][u]Los casos no punibles[/u][/b] En la Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo, cuando: [b]1. Causal salud[/b] ? El embarazo representa un [b]peligro para la vida[/b] de la persona y este peligro no pueda ser evitado por otros medios; ? El embarazo representa un [b]peligro para la salud[/b] de la persona y este peligro no pueda ser evitado por otros medios; [b]2. Causal violación[/b] ? El embarazo proviene de una [b]violación[/b] (se trate o no de una persona con discapacidad intelectual o psicosocial). [b][i]Causal salud (Art. n.º 86 Inc. 1 del Código Penal)[/i][/b] Se entiende a la salud como un concepto integral, el cual implica el “[b]completo estado de bienestar físico, mental y social[/b], y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones” (OMS, 2006). Sumado a esto, el protocolo menciona que “el peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la salud y [b]no requiere la constatación de una enfermedad[/b]”. Por lo que cualquier probable afectación de estas 3 esferas (física, mental y social) es causal para la realización de una ILE, por más que no exista una enfermedad subyacente. Tal es el ejemplo del bienestar psíquico, ya que si bien puede no existir enfermedad constatada, su afectación puede [b]resultar en un trastorno mental grave[/b], e incluye también el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima. En tal sentido se sostiene que “la justificación del aborto debe abarcarse dentro del ejercicio del derecho a la[b] integridad física o mental[/b]”. A su vez, se menciona que los riesgos físicos y emocionales asociados a los embarazos en niñas y [b]adolescentes menores de 15 años[/b] se constituyen en sí mismos como causal salud. Cabe destacar que la información incompleta, inadecuada o la subestimación del riesgo pueden acarrear [b]responsabilidad legal[/b] al profesional de la salud interviniente. [b][i]Causal violación (Art. n.º 86 Inc. n°2 del Código Penal)[/i][/b] [b]Toda persona víctima de violación[/b], con independencia de que tenga o no una discapacidad intelectual o mental, tiene derecho a la interrupción legal del embarazo producto de dicha violencia sexual. En estas situaciones es importante considerar que: • La violación es una expresión de la violencia sexual y esta es una manifestación de la [b]violencia de género[/b]. Puede ser perpetrada por alguien del entorno íntimo de la mujer (incluido el [b]novio, marido o pareja[/b]), por personas de su conocimiento de otros ámbitos o por extraños. • Todas las relaciones sexuales con penetración en las que mediare [b]violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio[/b] o sucedan en el marco de una [b]relación de dependencia[/b], de[b] autoridad[/b], o de [b]poder[/b] son violaciones. • Todas las relaciones sexuales con penetración en las que la persona, por cualquier causa, [b]no haya expresado libremente su consentimiento[/b] (por ejemplo, por estar dormida, inconsciente o bajo el efecto de alcohol o drogas, o por encontrarse en situaciones como las descriptas en el punto anterior) son violaciones. • Toda relación sexual con una niña ([b]menor de 13 años[/b]) es una violación. Es imperante resaltar que en los casos de violación, el único requisito que exige el protocolo es la firma de una [b]declaración jurada simple[/b] afirmando que el embrazo es producto de una violación, sumado al consentimiento informado (ambos documentos se encuentran en los anexos del protocolo). En el caso de que exista la denuncia, esta reemplaza al consentimiento informado, pero el equipo de salud [b]nunca deberá exigir la denuncia policial o judicial ya que no es un requisito para realizar la práctica[/b], ni tampoco debe indagar en qué circunstancias se llevó a cabo la violación. En los casos de niñas y adolescentes (menores de 18 años) víctimas de violación, la justicia sólo debe intervenir [b]para proteger a la niña o adolescente por la situación de abuso[/b] y para la [b]sanción del victimario[/b]. No se debe consultar a la justicia ni pedir autorización para la decisión de realizar ILE ya que la práctica es una responsabilidad del equipo de salud y se decide por pedido de la niña o adolescente. [b][u]Puntos importantes del Protocolo ILE[/u][/b] • Si bien existe la posibilidad de configuración de “[b]casos fabricados[/b]”, esto no puede ser nunca razón suficiente para imponer obstáculos a personas que sufrieron violaciones o que el embarazo conlleva un peligro para la salud. • El plazo para la realización de la ILE es de [b]hasta 10 días corridos[/b] desde que la persona lo solicita. • Todas las [b]personas de 16 años[/b] o más son consideradas por la legislación argentina como [b]adultas[/b] en lo referente al cuidado del propio cuerpo. Por ello, pueden otorgar por sí mismas su consentimiento informado. • Todas las personas adolescentes de [b]entre 13 y 16 años[/b] pueden brindar su consentimiento en forma autónoma si se trata de [b]prácticas que no representen un riesgo grave para su vida[/b] o su salud • Todas las niñas, es decir [b]menores de 13 años[/b], podrán brindar su consentimiento con el [b]acompañamiento de sus progenitores[/b], representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas “allegadas” o referentes afectivos. • No es necesaria la intervención de más de [b]un médico[/b] para la constatación de las causales de no punibilidad previstas en la ley. • Todos los profesionales tienen [b]derecho a ser objetores de conciencia[/b], pero nunca que esto se transforme en dilación o impedimento de realización de la práctica. • Los profesionales de la salud podrán ser [b]responsables penal, civil y/o administrativamente[/b] por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión cuando, de forma injustificada, no constaten la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal para la realización de una ILE, realicen maniobras dilatorias durante el proceso, suministren información falsa o cuando prevalezca en ellos una negativa injustificada a practicar el aborto. La implementación de este protocolo a nivel provincial implica un [b]avance muy importante en materia de salud pública[/b]. Con esta medida, los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, tanto en ámbitos públicos como privados, poseerán una herramienta fundamental para asegurar que se [b]acceda de forma íntegra al derecho[/b] de la realización de una interrupción del embarazo en las causales contempladas en el Código Penal, permitiendo una [b]atención segura, con foco en la persona gestante y atada a los mayores estándares científicos y éticos[/b]. Sin embargo, es imperante remarcar que en nuestro país [b]el aborto sigue siendo penalizado[/b], lo que obliga a personas gestantes exponerse a prácticas clandestinas inseguras, generando un impacto irreversible en su salud e incluso la muerte. Sumado a esto, aún queda mucha leña por cortar en materia de [b]educación sexual integral y acceso universal a los métodos anticonceptivos[/b]. Pero, sin dudas, estamos transitando el camino correcto.
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