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El gobierno bonaerense quiere cerrar las escuelas especiales

Más dudas que certezas

El objetivo del gobierno de Vidal tiene que ver con eliminar la modalidad en el mediano plazo con el grave perjuicio para algunos chicos que concurren a esos establecimientos, muchos de los cuales debido a su grado de discapacidad no pueden no asistir a escuelas especiales. La norma además produce la pérdida de cargos docentes, en un nivel de alta especialización. Todo el andamiaje teórico que sostiene la resolución 1664/17 que firmó el ministro Sánchez Zinny, presupone que el trabajo que se realiza en las escuelas especiales, a las que asisten más de 50 mil alumnos de toda la provincia es innecesario. La norma aprobada no determina especificidades para el abordaje y tratamiento de alumnos con discapacidades, solo promete su inclusión en los establecimientos regulares, no habrá currículas paralelas y se limita a aclarar que "cuando sea necesario la escuela del Nivel (Inicial, Primario o Secundario) pedirá la intervención de los Equipos de Orientación Escolar o Educación Especial". Desde la Dirección General de Cultura y Educación indicaron que el objetivo no es el cierre de los establecimientos, sino una mayor libertad de las familias para que la elección de escuela para los chicos no esté condicionada por su discapacidad. Sin embargo, la puesta en marcha del nuevo modelo genera más dudas que certezas por la falta de capacitación para los docentes y de adaptación de la infraestructura escolar a la condiciones de los alumnos especiales. Si bien, muchos especialistas coinciden en que es correcto fomentar la inclusión en escuelas regulares es correcto, sin embargo hacerlo sin una planificación de mediano y largo plazo, y sin garantizar la condiciones mínimas podría ser contraproducente para los alumnos y también para los maestros que podrían no estar preparados para abordar una situación de esa naturaleza". La verdad es que la resolución garantiza la matriculación y garantiza la eliminación de trabas administrativas para los alumnos con discapacidad, y sugiere que la decisión sobre el trayecto educativo de cada uno debe definirse en acuerdo con los padres. Hasta acá, el Estado está al borde de hacerle a decenas de familias una promesa que quizá no pueda cumplir por las condiciones en las que se encuentran las escuelas. Además en la política de ajuste educativo que viene aplicando María Eugenia Vidal, con un intento de cerrar ocho escuelas en el Delta y otras 49 en zonas rurales de la provincia, es lógico suponer que las autoridades intentaran transferir la mayor cantidad de matrícula para cerrar los establecimientos especiales, que por sus características son sensiblemente más costosos que una escuela regular. La medida a aplicarse sería la misma que en otros casos, e incluiría fusión de cursos, cierre de escuelas por baja matrícula y traslado de alumnos a otros establecimientos. Sin ir más lejos no se les la la chance a los papás con hijos con discapacidad que optan por escuelas regulares, que puedan retornar si el modelo fracasa, porque el establecimiento al que hoy envían a sus hijos ya no estará funcionando.
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